El Gobierno suspende aranceles a la importación de aisladores eléctricos tras el cierre del único fabricante

La medida fue oficializada este martes mediante la Resolución 345/2026, publicada en el Boletín Oficial, y responde a una situación inusual: fue la propia industria protegida la que solicitó dar de baja la protección luego de cesar definitivamente su producción.

La empresa Fábrica Argentina de Porcelanas Armanino S.A. (FAPA), que representaba el 100% de la producción nacional de estos insumos y el 70% del consumo aparente, informó al Gobierno el cierre irreversible de sus operaciones.

Según detalla la resolución, analizada por la Agencia Noticias Argentinas, la firma no solo dejó de fabricar, sino que además remató toda la maquinaria necesaria para la producción de aisladores.

Ante la inexistencia de oferta local, la Cámara de la Industria Electrónica, Electromecánica y Luminotécnica (CADIEEL) certificó que ya no quedan empresas asociadas que fabriquen este producto, dejando al mercado interno sin abastecimiento nacional.

En este contexto, la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) advirtió que mantener los impuestos a la importación representaba un obstáculo inmediato para el sistema energético. Los aisladores de porcelana son componentes críticos para la infraestructura de la red eléctrica y los transformadores, por lo que la continuidad del suministro resulta clave.

El organismo técnico señaló que la permanencia de la medida carecería de sentido ante la inexistencia de producción nacional y podría transformarse en un obstáculo para la estabilidad del servicio público eléctrico, afectando de manera notoria e injustificada el funcionamiento de una infraestructura crítica como la red eléctrica.

Entre los argumentos, el Gobierno sostuvo que la decisión busca evitar demoras en obras esenciales para el sistema eléctrico y reducir costos injustificados para importadores y consumidores de energía.

La suspensión de los aranceles incluye aisladores de porcelana de montaje rígido, de suspensión y pasantes para transformadores —correspondientes a posiciones arancelarias vinculadas a tensiones de hasta 60 kV— y alcanza a productos originarios de China, Brasil y Colombia.

Los derechos antidumping ahora suspendidos estaban vigentes desde 2015. Durante una década, el Estado mantuvo estos recargos aduaneros para proteger a la industria nacional frente a la competencia externa.

Sin embargo, tras el desmantelamiento de la última fábrica del sector, el Ministerio de Economía consideró que la prioridad actual es garantizar la continuidad y confiabilidad de la infraestructura energética del país.

De este modo, las empresas distribuidoras y constructoras de redes eléctricas podrán importar estos insumos críticos sin las penalidades económicas que rigieron durante los últimos años.